Con el Ministerio de Consumo y la Consejería de Salud

La Diputación renovará el convenio que da respaldo institucional al funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo

Para continuar con ese servicio al ciudadano, la Diputación renovará el convenio con el Ministerio de Consumo y la Consejería de Salud y Familias que ampara el funcionamiento de dicha Junta Arbitral

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla ha aprobado la renovación del convenio que año tras año da respaldo institucional al funcionamiento de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla. Dicho acuerdo lo suscriben la propia entidad intermunicipal, el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Acerca de la renovación de dicho acuerdo, el presidente de la Diputación ha puesto el acento en que 'la Junta Arbitral avala su utilidad con la profusa actividad que viene registrando año tras año en una manera de resolver de manera gratuita y extrajudicial aquellos desacuerdos que afloran entre los consumidores y las empresas o establecimientos que les prestan sus servicios'.

Resulta también reseñable el hecho de que los laudos que emite dicha Junta Arbitral poseen el mismo rango jurídico que cualquier sentencia que pueda realizar un tribunal ordinario, 'por lo que la garantía jurídica para el consumidor que reclama sus derechos es plenamente efectiva', ha señalado el presidente.

La Junta Arbitral Provincial de Consumo, adscrita como unidad al Área de Cultura de la Diputación de Sevilla, viene funcionando desde 1999 y su actividad ha ido creciendo con el paso de los años. Actualmente, los retos que tiene ante sí dicha Junta pasan por la plena adaptación del organismo a las leyes 39 y 40 de 2015, de procedimiento administrativo, para continuar mejorando el día a día y aspirar a la excelencia en el servicio a la ciudadanía.

Según el último informe emitido por la Junta Arbitral Provincial de Consumo, correspondiente al primer semestre del año en curso, dicho organismo ha recibido un total de 497 solicitudes de arbitraje, de las que solo 73 fueron archivadas porque una de las partes no aceptó el arbitraje. De ese total de 497, 30 han llegado desde asociaciones de consumidores, 162 provienen de consumidores y usuarios y, el resto, 269, han sido cursadas desde organismos públicos.

En cuanto a los sectores de consumo en los que se producen más solicitudes de arbitraje se encuentran los servicios de telefonía móvil, con 157; los de agencias de viaje, con 61; y los relacionados con la electricidad, que alcanza 51 solicitudes.
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