La sede central de la Diputación de Sevilla ha acogido durante el día de hoy una jornada formativa con el fin de debatir y dar asistencia a las Entidades Locales sobre los retos y oportunidades ante el cumplimiento de la normativa de Transparencia y Protección de Datos.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recibido al director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA), Jesús Jiménez López, que ha abierto dichas Jornadas junto al Secretario General de la Institución Provincial, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. El mandatario provincial ha comentado la destacada labor que viene desarrollando la Diputación de Sevilla con los Ayuntamientos de la provincia para la correcta aplicación de la normativa vigente en esta materia.

Al inicio de esta jornada, Fernández-Figueroa ha dado la bienvenida a los participantes recordando que ‘el obligado cumplimiento del marco normativo en vigor y la necesaria alineación de las políticas electrónicas de la Diputación de Sevilla con las directrices nacionales y europeas en materia de Administración Electrónica, han impulsado la puesta en marcha de un Plan Operativo de Gobierno Electrónico para la Diputación de Sevilla, un Plan que permita establecer e implementar los instrumentos necesarios para su desarrollo y universalice la aplicación de la Administración Electrónica de manera integral’.

Según ha explicado el Secretario General ‘la confianza en esta nueva Administración digital para de cumplir con los preceptos de Transparencia y Protección de Datos de los ciudadanos garantizando los Derechos Digitales motivo por el que esta Institución Provincial, consciente de ello ya en 2015, aprobó un paquete de Principios, Medidas y Compromisos de Buen Gobierno y Transparencia de la Diputación de Sevilla’.

De igual modo, según ha desgranado, ‘se aprobó también la creación del Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla y en 2018 creó el nuevo Servicio de Transparencia, Protección de Datos y Registro Electrónico, dependiente de la Secretaría General en Presidencia, que tiene como objeto velar por el cumplimiento de toda la normativa vigente, como son las leyes 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y la autonómica 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía; el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y las funciones que le confiere la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas’.

Además, ha señalado que ‘este año 2022 se ha aprobado la nueva Ordenanza de Medios Electrónicos actualizado a nivel nacional, para que garantice una mejora en la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa y asegure e implemente los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Diputación y sus Entes Instrumentales, y que preserve la seguridad jurídica, determinando las condiciones de validez y eficacia en el uso de los medios electrónicos en las relaciones jurídico-administrativas’

Por su parte, el director del CTPDA, Jesús Jiménez López, se ha congratulado de que, ‘transcurridos más de seis años desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia está asentado en la mayoría de las administraciones públicas andaluzas’, si bien ha manifestado que ‘aún quedan ciertos ámbitos en los que se encuentran mayores dificultades para el cumplimiento’.

No obstante, ha añadido que, ‘como regla general, los poderes públicos andaluces son más transparentes desde 2015 y la cultura de la transparencia, poco a poco, va calando en todas las organizaciones públicas andaluzas, desde los cargos directivos hasta la última pieza de la organización’.

‘Los destinatarios cumplen con sus obligaciones de publicidad activa - ha explicado Jiménez - y mantienen publicada importante información que contribuyen al conocimiento de su funcionamiento’, al tiempo que ha asegurado que ‘los poderes públicos responden a las solicitudes de información que reciben’.

“Aunque se detectan incumplimientos, se deben al desconocimiento de la normativa y a la falta de medio personales y materiales puestos a disposición de la gestión de la transparencia”, ha subrayado para aseverar que “no hay una verdadera voluntad de faltar a la transparencia”.

Por lo que respecta a la protección de datos, el director del Consejo ha señalado la ‘especial importancia del impacto que el uso de la tecnología puede suponer en relación con los derechos y libertades de las personas, ya que los componentes tecnológicos, en función de su tipo, algoritmos, o incluso en el caso de sistemas de inteligencia artificial, sus habilidades específicas, pueden afectar a derechos, libertades e intereses de los ciudadanos, a la protección de sus datos personales’.

La Administración electrónica, en el marco de la sociedad de la información, se considera como uno de los principales ejes sobre los que pivota la modernización de las administraciones públicas, permitiendo la simplificación de los procesos administrativos, mejorando la calidad de los servicios y aumentando la eficiencia interna del secto público.

En concreto, las Administraciones Públicas deben garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos en el diseño, implantación y gestión del tratamiento; identificar los riesgos a los que se encuentra expuestos los datos personales; garantizar la seguridad y adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias que, desde el diseño y por defecto, permitan eliminar o al menos mitigar a un nivel aceptable los posibles daños, y cumplir las normas específicas de transparencia, tanto de publicidad activa como para el ejercicio del derecho de acceso, y el derecho de información o principio de transparencia conforme al propio RGPD.

En esta jornada han participado además los directores del Área de Transparencia y del Área de Protección de Datos del CTPDA, Israel Adán Castilla y José Luis Falcón Pliego, respectivamente. Y, por parte de la Diputación de Sevilla, la jefa del Servicio de Transparencia, Registro Electrónico y Protección de Datos, Fátima Rodríguez Ramos, y la gerente de la Sociedad Provincial de Informática-INPRO, Carmen Rodríguez Quirós.
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