El alquiler de viviendas es una opción que eligen muchas personas para pasar sus vacaciones de verano, y para ello se acude a webs de alquiler para encontrar buenos apartamentos o casas al mejor precio.
Desde la Dirección General de Consumo se incide en que hay que mostrar cautela a la hora de realizar estas contrataciones, puesto que, bajo una apariencia normal, puede esconderse una estafa o fraude, aprovechando la gran demanda en periodos como el estival.
En este sentido, puede haber incidencias como que las viviendas no existan, que sean de inferior categoría a la que se anuncia, que la realidad no se corresponda con lo que se ha publicitado, o que la playa esté a mayor distancia de lo informado en la web.
Por ello, hay que estar alerta cuando se detecten ciertos detalles, como que detrás de un atractivo anuncio en la web –mostrando, por ejemplo, fotografías o imágenes tomadas de otros anuncios–, la supuesta persona arrendadora evite mostrar la vivienda, o que proponga que se le ingrese un dinero por adelantado en concepto de fianza.
Asimismo, la supuesta persona arrendadora puede engañar a la persona derivando a la persona usuaria, a la hora de la transacción, hacia webs aparentemente serias y que son muy parecidas a webs populares, pero que en realidad no son legales o son fraudulentas. Debe tenerse cuidado en estos casos, ante el riesgo de compartir datos especialmente sensibles como datos bancarios, información privada, etc.
Desde Consumo, se destaca una serie de recomendaciones para evitar posibles casos de estafas o fraudes, como por ejemplo desconfiar de los precios del alquiler desproporcionadamente bajos. Se aconseja comparar entre los precios de la zona donde supuestamente se ubica la vivienda y el ofertado. Otra señal de alerta podría ser de tipo ortográfico: debemos desconfiar de anuncios con faltas o escritos incorrectamente.
A la hora de alquilar, se aconseja comprobar si la persona arrendadora es realmente la dueña del piso o vivienda –puede consultarse en el Registro de la Propiedad–, y debemos desconfiar de los anuncios que sólo aporten un simple correo electrónico o un teléfono.
Un paso fundamental es verificar que la vivienda existe y consultar los comentarios y opiniones de personas que hayan alquilado el inmueble con anterioridad.
No es aconsejable pagar la cuantía total por adelantado, y si se exige abonar una fianza o el pago del total, debemos asegurarnos de que la propiedad es de quien se dice que es. Se recomienda siempre entregar la mínima señal posible.
Por otro lado, no debemos admitir el envío de llaves por correo o por mensajería, sino que alguien se encuentre en el propio apartamento para entregarlas en mano a la persona arrendadora. Además, cabe recordar que no se podrá cobrar a la parte arrendadora conceptos de suministro de agua, ni de electricidad, ni de recogida de basuras, ya que estos gastos corresponden a la titularidad de la vivienda
Consumo hace hincapié en que debe guardarse todo tipo de facturas, folletos publicitarios, contrato y toda la documentación generada, ya que son elementos importantes de cara a una posible denuncia o reclamación. Si el modo de contacto con la parte contratante es por teléfono móvil, intente guardar todos los mensajes recibidos y enviados, así como el número de teléfono.
Si el trámite se realiza con una agencia inmobiliaria, debemos escoger, siempre que sea posible, una empresa que esté adherida al Sistema Arbitral de Consumo.
Consumo Responde
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página www.consumoresponde.es, del correo [email protected]; y de los perfiles de Twitter (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.
